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viernes, 15 de enero de 2010

Coherencia Política

Transcribimos el artículo de "mundosolidario.org":
       En los últimos años, se habla mucho de la necesidad de la federación, el trabajo en red, la coordinación e incluso de las alianzas entre las entidades del tercer sector –ONG, fundaciones, asociaciones, etc. La administración pide que sean las federaciones sus interlocutores e incluso tiende a favorecer más a las organizaciones federadas, condicionando su apoyo a la pertenencia a algún grupo de entidades. Así, argumentan, se evita la dispersión, se busca un único interlocutor, se favorece el intercambio de buenas prácticas y se aúnan esfuerzos.
       Este planteo tiene muchas ventajas, pero, además, ya responde a una tendencia natural del mundo asociativo. Las entidades, de manera espontánea, se agrupan, participan en proyectos comunes y están dispuestas a sacrificar los personalismos para poder emprender iniciativas conjuntas para un mayor bien común. Esto demuestra el grado de madurez de la sociedad civil y del tejido asociativo. Esta tendencia a trabajar en redes es creciente, como lo demuestran los estudios realizados –Libro Blanco del Tercer Sector. La administración está queriendo institucionalizar o imponer modelos que en realidad ya se están dando de forma natural.
       ¿Por qué lo que se está requiriendo al mundo asociativo no se aplica de igual manera al mundo político? Si las ONG tienen que federarse para ser escuchadas, ¿por qué los partidos políticos no pueden plantearse una unión más allá de la suma de votos para gobernar? Si a las ONG se nos pide olvidar los protagonismos individuales en aras a una mayor cooperación en redes, ¿por qué los partidos no lo hacen, incluso más allá de sus postulados ideológicos? Si para gestionar determinados proyectos las ONG tenemos que constituirnos en federaciones, ¿por qué para gobernar una ciudad, que es algo de mucho mayor envergadura, los partidos no pueden aliarse para formar el mejor equipo de gobierno, con pluralidad de procedencias políticas?
       ¿O acaso la fórmula de las redes y federaciones es una exigencia para poder controlar mejor de manera subliminal a las entidades del tercer sector?
       Si la administración exige esta unificación a las ONG, debería dar ejemplo practicando ella misma lo que pide. Los políticos, elegidos para liderar a la ciudadanía, deben de ser los primeros capaces de trabajar en equipo. No en “su equipo”, que en la mayoría de ocasiones se convierte en un feudo gobernado con mano firme y una disciplina de partido, sino en el equipo de todos los políticos. El partido que saca más votos no es necesariamente el mejor, ni el que posee un cuadro de dirigentes más eficaces. ¿Por qué no se puede gobernar contando con personas competentes de otros partidos, aunque sean minoritarios? Esto es llevar la democracia hasta su plena realización y sus consecuencias más prácticas.
       A los ciudadanos no nos basta con “elegir”. La democracia adulta es participativa. Comenzando por los propios partidos políticos. La clase política debería ser pionera y modelo de coordinación, trabajo en red, proyectos conjuntos, intercambio de buenas prácticas entre partidos, saber gobernar con ministros o regidores de otras formaciones, diálogo abierto...
       Con la caída del muro de Berlín queda patente que las ideologías de los siglos anteriores ya no tienen el sentido que tuvieron en su origen. Hoy, un buen político es un buen gestor que sabe trabajar con eficacia por el bienestar real de los ciudadanos. Cuando los políticos de más éxito son los mejores vendedores de su imagen, la democracia está en peligro. Hoy vemos que, muchas veces, obtienen más votos los partidos que saben vender mejor a sus candidatos. Es como el mundo de la publicidad. El partido que tiene más fondos y mecenas y que sabe llevar la mejor campaña, con los candidatos que tienen una imagen más atractiva, ése partido vence. Y esto no significa necesariamente que sean los mejores gestores de la administración pública. Ya Platón decía que el gran riesgo de la democracia –el poder del pueblo- es que acabe siendo una demagogia –la manipulación del pueblo.
       Para poder sobrevivir con salud y fuerza, la democracia debe someterse a un chequeo. Y es el ciudadano el que tiene la palabra y el que debe tomar el pulso, no el mismo político. Hemos visto como la sociedad civil va por delante de la administración en cuando a movimiento social, organización, cooperación y movilización ante emergencias –el caso del Prestige, la guerra de Irak, la acogida a las avalanchas de inmigrantes y refugiados... Los políticos deberían tomar nota: su papel es ir por delante, y no a remolque de la sociedad. Su papel es potenciar, y no frenar la iniciativa civil.
       Otro aspecto que la administración exigirá en breve a las asociaciones es la certificación en calidad. Es muy positivo, pues este certificado ayudará a trabajar con mayor profesionalidad. Con la salvedad que supone unos medios económicos muy elevados que la mayoría de entidades no poseen o destinan directamente a sus proyectos y beneficiarios directos. ¿Sólo las grandes y potentes ONG podrán certificarse? ¿Sólo ellas podrán recibir ayudas porque han pasado el examen de calidad? ¿Ayudarán los gobiernos financiando esta certificación a las pequeñas entidades?
       ¿Por qué la administración no da ejemplo la primera y se plantea la certificación de calidad de ayuntamientos, ministerios y otros órganos de gobierno? Su función es trascendental: si han de servir al ciudadano, deberían cumplir los parámetros de calidad. Sólo entonces, con total justicia, podrán exigírsela a las pequeñas organizaciones, ayudándolas con medios y recursos. No estamos negando la necesidad y la bondad de una certificación de calidad y de una coordinación en redes de las ONG. Estamos hablando de coherencia política. Hablamos de seriedad en la administración. Exigen lo que ellos no practican. ¿O acaso deberíamos citar aquella frase evangélica de “haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen”?
       El mundo asociativo aún ha ido más lejos que la administración en otro aspecto crucial: la ética. ¿Alguna administración se ha planteado certificarse en ética? Ya existe una norma ética en nuestro país, que algunas empresas y ONG han aprobado. ¿Qué dice la administración a esto? Calla. ¿Por qué? ¿No le interesa?
       La ética debe ser el norte de cualquier iniciativa: política, económica, social. El único fin de la ética es el bien de la persona humana, por encima de ideas, creencias y culturas. El tercer sector lo ha entendido y lo está haciendo. Los políticos, como mínimo, deberían apoyar estas iniciativas, antes que ponerles barreras.
       La política se entiende como un servicio o no sirve. Si no es servicio, se convierte en un negocio lucrativo que favorece los intereses de los gobernantes de turno. Los políticos deben gobernar de la mano de la sociedad civil. Juntos podremos construir un modelo de sociedad que todos queremos: que su fin último sea servir a la persona –a todas las personas. Sólo así habrá esperanza en los políticos y se recuperará la ilusión de los ciudadanos y su deseo de participar en la construcción de la sociedad.

Joaquín Iglesias
Teólogo. Fundación ARSIS.
jiglesias@arsis.org

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Marina Moscad Caldentey
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